Dos resoluciones judiciales firmadas en Buenos Aires esta semana complican el margen de maniobra del juez federal de Rosario Gastón Salmain, que se encuentra procesado por un pedido de soborno y con prohibición de salir del país. Este viernes la Cámara Nacional de Casación rechazó el pedido de recusación que el polémico magistrado había planteado contra dos integrantes de la Cámara Federal de Rosario. Y antes otra jueza le dijo que no a su pretensión de que se radicara en Comodoro Py su acusación contra el financista que lo delató como partícipe del pedido de un retorno.

La resolución de Casación de este viernes dio por tierra con el pedido de Salmain de recusar a las vocales de la Cámara Federal Elida Vidal y Silvina Andalaf Casiello para entender en un proceso en su contra. Los camaristas de Casación Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar señalaron escuetamente que Salmain no fundamenta por qué debería intervenir este tribunal en el caso y aducen que su pedido de apartamiento de las juezas superiores se basa en una simple disidencia con la determinación de estas.

La vocal Angela Ledesma votó en minoría. Pero el rechazo de lo pedido de Salmain se despachó en un escrito de dos páginas por lo que la cuestión fue valorada como inadmisible sin celebrar una audiencia, ni siquiera dando al magistrado oportunidad de argumentar en una audiencia por lo infundado de su reclamo.

Salmain había recusado ante la Cámara Federal a las dos camaristas lo que había sido rechazado por el camarista rosarino Aníbal Pineda. En particular el magistrado cuestionado había puesto en su crítica a Andalaf Casiello, a quien denunció por abuso de poder y violencia institucional contra él.

El otro no

El lunes Salmain había tenido otro revés frente a un pedido de que su denuncia contra el financista Fernando Whpei tramitara en los tribunales federales de Retiro. Salmain está procesado por haber autorizado a los tenedores del fideicomiso Attilla, administrado por Whpei, a comprar diez millones de dólares mientras regía el cepo cambiario, a cambio de un pago del diez por ciento de la diferencia de cambio entre el dólar oficial y el dólar blue, lo que se considera un soborno que los fiscales del caso estimaron en 200 mil dólares.

Whpei, que se encuentra en prisión domiciliaria, se convirtió en imputado colaborador de la causa y contó con detalles la intervención de Salmain, lo que le valió al juez en diciembre pasado que lo procesaran por cohecho y le trabaran embargo por 200 mil dólares.

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Frente a eso Salmain lo denunció a Whpei de haber proporcionado información falsa en su declaración como imputado colaborado, de haber sido malicioso en el planteo de manifiestas falsedades para favorecerse procesalmente en violación al régimen de imputado colaborador”. Y pidió que la causa se radicara en Comodoro Py.

Días atrás la jueza federal María Servini de Cubría rechazó ese planteo de abrir una causa nueva en la Justicia Federal porteña y también desconoció el pedido de Salmain de ser querellante. Antes había tomado el mismo camino el fiscal Carlos Rivolo quien dictaminó que la denuncia de Salmain debía tramitar en Rosario.

“Es muy extraña esto que intentó Salmain”, dijo a LPO un abogado y docente que asiste a las audiencias ligadas a este tema. “Es un juez federal en Rosario, que debería estar domiciliado en Rosario, que denuncia a un empresario de Rosario que se presenta en una causa en Rosario en los Tribunales Federales de Buenos Aires. ¿Qué tiene que ver Buenos Aires con todo esto? Es imposible justificar el cambio de competencia territorial que pidió”, dijo.

 “Es muy extraña esto que intentó Salmain”, dijo a LPO un abogado y docente que asiste a las audiencias ligadas a este tema

“Habré de acompañar las consideraciones del acusador público, disponiendo la remisión de la causa al órgano jurisdiccional federal rosarino que se encuentra interviniendo en el proceso rosarino que se encuentra interviniendo en el proceso seguido contra el aquí denunciante Gastón Salmain, por entender que la acusación que aquí presenta no es más que su defensa respecto de un elemento probatorio reunido en su contra en aquellas actuaciones”, sostuvo Servini.

“Sostener lo contrario y abrir un nuevo proceso en esta sede resultaría contrario a los principios de economía procesal y de mejor administración de justicia, dada la evidente comunidad probatoria que presentan, pudiendo dar lugar incluso a inadmisibles resoluciones contradictorias”, planteó.

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“Dado que la declaración de Whpei habría tenido lugar en octubre de 2025, el plazo legal para corroborar la información aún está vigente en la causa de Rosario. Por ello, cualquier análisis sobre la falsedad o inexactitud de los dichos del imputado colaborador debe realizarse en ese expediente, no en un juzgado de la ciudad de Buenos Aires”, consignó la jueza.

El fallo señala que “tampoco modifica esta conclusión el hecho de que la declaración haya sido prestada físicamente en esta jurisdicción, pues lo fue en el marco de un proceso radicado en Rosario, siendo allí donde corresponde evaluar su veracidad y eventual falsedad”.

A fines de diciembre, Salmain fue procesado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. En ese expediente fue acusado por tres fiscales de favorecer al fideicomiso Attila con la salida de 10 millones de dólares billetes a cuentas del exterior, entre septiembre de 2023 y hasta abril 2024, pese a las restricciones en el mercado libre de cambios. Se le dictó la prisión preventiva que no puede efectizarse porque Salmain goza de fueros que le dan inmunidad de arresto. Junto a él también fueron procesados Whpei y el operador judicial Santiago Busaniche, señalado como el enlace en el juez y el ahora arrepentido Whpei.

En una causa previa contra el ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, Whpei declaró en un acuerdo de colaboración ante el Ministerio Público Fiscal que –en una causa con participación de Busaniche– Salmain autorizó a Whpei en diciembre de 2023 a comprar 10 millones de dólares al precio oficial, en tiempos en que regía el cepo, a cambio de una coima del 10 por ciento estimada en unos 200 mil dólares.

Pero el plan se frustró porque con el cambio de gobierno la diferencia de cambio se redujo abruptamente. Whpei declaró que el juez se negó a aceptar el menor monto de dinero, según le hizo saber Busaniche. Y le advirtió que si no pactaban la cifra original el juez iba a denunciarlo penalmente. 

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