Después de casi tres años sin mantenimiento, las rutas nacionales están detonadas y el tema encendió las alarmas al punto tal que diputados, intendentes y gobernadores comenzaron a coordinar acciones para exigirle al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que libere los fondos que por ley deben destinarse al mantenimiento de rutas.
El detonante fue una nota al Ministerio de Economía que firmaron varios diputados nacionales, donde denuncian la subejecución de los recursos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL) en medio de un deterioro acelerado de la infraestructura.
Según el planteo, mientras la recaudación del impuesto a los combustibles creció de manera exponencial desde la asunción de Milei que no paró de actualizar el impuesto, los fondos no llegan a las obras ni al mantenimiento de los caminos.
Los números que manejan los diputados son contundentes: solo en 2024 los recursos que debían canalizarse al sistema vial superaron los $360.000 millones, cifra que supera los 650 mil millones en 2025. En definitiva, contando el primer trimestre de 2026, Caputo les pisó al mantenimiento del sistema vial más de 1300 millones.
Uno de los firmantes, el diputado entrerriano Guillermo Michel, confirmó a LPO que la situación “no se sostiene más” y recordó que desde el Congreso ya impulsaron proyectos y pedidos de informes sin obtener respuestas: “Hemos pedido reuniones con Economía y no hubo avances. El problema es cada vez más grave”, advirtió.
En el interior, el impacto es directo y los intendentes de distintas provincias vienen alertando que las rutas nacionales están “detonadas” y que el reclamo de los vecinos recae sobre los municipios: “Los alcaldes son los que están en la trinchera de los problemas”, sostuvo Michel.
En consecuencia, intendentes de varias localidades organizaron para este martes una reunión en Buenos Aires para coordinar una estrategia común. El malestar también escala a nivel de las provincias y quizá haya cumbre de los gobernadores.
En las provincias no solo sufren la detracción del impuesto al combustible sino tambíen el ajuste de la coparticipación. De hecho, la principal preocupación de los mandatarios por estas horas es la manera en que se va a repartir el adelanto de las partidas federales.
En ese contexto, por la recesión continúa el derrumbe de la coparticipación y la posibilidad de que Economía reduzca al mínimo los adelantos del Tesoro. En varias provincias advierten que el gobierno podría sostener el relato del superávit fiscal a costa de “la sangría” de los recursos provinciales.
El trasfondo del conflicto impacta en un problema de gravedad institucional. Según la ley, el 28,5% del impuesto a los combustibles que se cobra en todo el país debe destinarse a infraestructura de transporte, con una porción específica asignada al sistema vial. Sin embargo, los diputados denuncian que esos recursos no están siendo ejecutados y que incluso se desvían hacia instrumentos financieros, en lugar de obras.
A pesar del flujo de fondos que Nación recauda, el estado de las rutas nacionales muestra un deterioro generalizado, con falta de mantenimiento, donde ni siquiera se ha cortado el pasto, la señalización es más que deficiente y un aumento inédito de los riesgos viales.