El reactor nuclear que “no servía” terminó siendo el más codiciado. Esa es la paradoja que recorre el proyecto CAREM: mientras el Gobierno lo enfría y ajusta su desarrollo, las piezas clave que lo componen se valorizan en el mercado internacional. En el medio, un acuerdo con IMPSA abre una discusión sobre la propiedad tecnológica.
El CAREM-25 no es un experimento menor. Es el primer reactor modular pequeño (SMR) diseñado íntegramente en el país por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Un desarrollo que lleva más de cuatro décadas, con ingeniería propia, y que posiciona a Argentina en un club muy reducido. Solo un puñado de países avanzó en este tipo de tecnología.
El Gobierno, sin embargo, cambió el eje. El proyecto fue recalibrado bajo el argumento de su inviabilidad económica. Pero mientras se interrumpe el proyecto, aparece otro dato: IMPSA firmó un acuerdo para avanzar en la fabricación de componentes críticos, entre ellos la vasija de presión del reactor, una pieza central y de altísima complejidad tecnológica.
IMPSA se convirtió en la primera empresa privatizada bajo la gestión de Javier Milei. El consorcio estadounidense Industrial Acquisition Fund (IAF), liderado por ARC Energy, adquirió el 85% del capital que pertenecían al Estado Nacional y a la provincia de Mendoza.
Ese movimiento encendió alarmas dentro del sistema científico. El ex Secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Diego Hurtado, lo planteó sin matices: “Se desarma el CAREM para que ARC Energy, la dueña de IMPSA, exporte estos recipientes a presión. Destripan el proyecto para avanzar en este negocio regalado al trumpismo de la mano de IMPSA”.
La crítica no es solo política. Apunta a una contradicción estructural: se muestra el logro, pero se desarma el entramado que lo hizo posible.
El Carem fue frenado por el gobierno de Milei.
La tensión se vuelve más concreta en el terreno industrial. Directivos de IMPSA admitieron ante el Secretario de Asuntos Nucleares que la vasija del CAREM se sigue fabricando con capital privado, incluso en un escenario donde el reactor completo es puesto en duda.
La explicación es directa: no se trata de una pieza más. Es un producto exportable en sí mismo. Ahí aparece la imagen que sobrevuela toda la historia: un reactor desarmado sobre la mesa, cuyas partes empiezan a circular por separado en el mercado global. Como si se desmontara un satélite para vender sus componentes.
La vasija, los sistemas modulares, el know-how asociado, tienen demanda internacional creciente en un mundo que vuelve a mirar la energía nuclear. El problema es qué se pierde en ese proceso.
Los científicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica advierten que el acuerdo podría comprometer la confidencialidad tecnológica del CAREM. No es solo una discusión comercial. Es una disputa por el control del conocimiento. En términos concretos: qué parte del desarrollo queda en manos del Estado y cuál se transfiere a actores privados, incluso extranjeros.
“Estamos regalando la curva de aprendizaje. Lo más caro ya se pagó: décadas de desarrollo. Ahora que empieza a valer, lo fragmentamos”, afirmó uno de los científicos que participó del proyecto. La frase condensa una preocupación más profunda, alineada con una mirada estructural del desarrollo: la Argentina invierte en ciencia, pero captura poco del valor generado.
El caso CAREM también se cruza con otro dato. El reactor no estaba muerto. Técnicamente es viable y su valor estratégico es indiscutido. De hecho, el propio interés internacional por sus componentes lo confirma. No hay mercado para lo que no sirve. La demanda por esas piezas es, en sí misma, una validación del proyecto.
La discusión entonces se desplaza. Ya no es sólo si el CAREM es rentable hoy. Es quién se apropia del resultado de ese desarrollo. Si el Estado argentino consolida una tecnología propia o si termina siendo proveedor de partes en una cadena global donde el valor agregado se captura en otro lado.