El juez federal de Rosario Gastón Salmain fue imputado este martes de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. Según lo que plantearon los fiscales, y aceptó un magistrado, Salmain utilizó su investidura de juez en funciones para procurar indebidamente información en un caso en el que se lo investigaba y por el cual se lo estaba allanando. El juez de garantías que intervino dio por admitidos los delitos, consideró que el caso tiene “gravedad institucional” y pidió que le remitan el legajo al Consejo de la Magistratura de la Nación.
Esto ocurrió el 17 de octubre pasado cuando a Salmain lo requisaron al salir de su domicilio en el barrio porteño de Belgrano y le secuestraron el teléfono por orden judicial que el juez entregó sin clave de acceso y apagado.
Según los fiscales federales Javier Arzubi Calvo, María Virginia Sosa y Soledad García, después de que se realizara la medida Salmain pidió con una nota membretada de su juzgado y su firma una cantidad muy específica de precisiones sobre el mismo acto donde él estaba bajo investigación ante la sospecha de estar cometiendo un delito. Quiso saber cómo se enteraron de que él estaba en Buenos Aires, nombre y cargo de quien recibió la orden de requisarlo, y también de quien emitió la orden. El caso por el que se pidió la medida era la orden que Salmain dio para que el BCRA le vendiera a un fideicomiso 10 millones de dólares cuando regía el cepo cambiario. Por esta medida la semana pasada Salmain fue imputado por cohecho.
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Lo que señalaron los fiscales es que después de esa requisa Salmain usó su investidura de juez al mandar, el 21 de octubre de 2025, un oficio al director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Alfredo Gallardo, cuando días antes se había dispuesto su requisa personal y la de su vehículo así como también de su teléfono celular.
Los fiscales se anticiparon a un argumento de Salmain. Señalaron que ese 17 de octubre a las 16.30 los empleados de la PSA le entregaron al juez una copia del acta de la requisa. Cuando hace un mes se realizó un nuevo allanamiento, esta vez al juzgado de Salmain en Rosario, esa acta se encontró un mes después en la parte superior de su escritorio. Tenía por tanto información sobre el personal policial, el número de caso y el juez que había materializado la medida.
En su defensa, como en una entrevista que dio a un medio de prensa el sábado pasado, Salmain dijo que no podía saber si la requisa en la puerta de su domicilio había sido un acto simulado para robarle el celular. Y que no sabía quién tenía su teléfono. Los fiscales le replicaron que él sabía todo porque cuando se realiza una medida semejante se dan explicaciones e información. Y que la evidencia de que estaba al tanto perfectamente era el acta original del procedimiento encontrada sobre su escritorio.
También en su descargo aludió a que hubo una situación con la desaparición del expediente digital del caso que sus abogados requirieron y no encontraron. Si se admitiera que eso fue así, replicaron los fiscales, eso no justifica que un juez empiece a recopilar información sensible usando su condición de magistrado cuando lo investigaban por un delito. Para ello el juez llamó al propio jefe de la PSA para pedirle precisiones sobre el allanamiento frente en inmediaciones de su domicilio. Le dijo que lo pediría por oficio y Gallardo, jefe de la PSA, le pidió que le mandara eso por correo institucional. Salmain lo hizo a través de una empleada que le envió el mail.
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Cuando el jefe de la PSA le pasó el caso a Asuntos Jurídicos de la fuerza el director de la dependencia le advirtió que no se podía responder porque el juez es el imputado. El letrado le aconsejó avisar al juez que pidió colaboración a la PSA para hacer esta medida que es Carlos Vera Barros.
Cuando Vera Barros se enteró, indicaron los fiscales en audiencia, advirtió la situación irregular y pidió que se abstuviera la PSA de dar curso a lo pedido por Salmain, ya que el juez que requería esto era a la vez un futuro imputado. Le informó de esto también a la Cámara Federal de Rosario.
Salmain dijo que solicitó esa información porque le habían secuestrado el expediente sin respaldo documental e informático. Sin embargo él tenía el acta de requisa lo que, dijeron los fiscales, exhibe un comportamiento incompatible de un magistrado. En el segundo allanamiento, el pasado 12 de noviembre, al llegar al despacho para proceder a la medida Salmain estaba en el baño. Cuando salió entregó su teléfono. Nuevamente estaba apagado.
Los fiscales recordaron que en la entrevista del sábado Salmain resaltó que el secuestro del teléfono de un magistrado era un bien muy preciado porque lo utiliza como herramienta de trabajo. Sin embargo el aparato estaba apagado. Los fiscales sostuvieron que era extraño, contra su argumento, que en horario de labores no tuviera el teléfono encendido. Y que se les debía permitir inferir que lo había apagado para que no se hiciera la pericia del contenido sobre el celular en caliente. “A veces lo apago”, replicó Salmain.
Los defensores del juez imputado, los abogados Franco Carbone y Gustavo Feldman, plantearon que la acción que le atribuían a su cliente es atípica, ya que el magistrado hizo una solicitud de información, algo distinto de una orden, y que tampoco tenía un plazo de respuesta. No le ordenó Salmain a la PSA darle información sino que pidió “tenga a bien informar”, por lo que no fue autoritaria o abusiva la solicitud de que la fuerza le dijera por qué razón se había actuado contra él.
Los fiscales repusieron que no se necesita tener malos modales, ni tono imperativo ni otorgar un plazo para sustentar el delito de abuso de autoridad que fue por lo que lo acusaron. Ya con remitir un oficio a una fuerza de seguridad con sello, numero de causa membrete y firma de juez federal, Salmain hizo algo que no está habilitado a hacer. Lo consideraron un acto propio para su defensa cuando está siendo imputado de haber utilizado los recursos materiales y simbólicos de la investidura judicial para obtener la información de una pesquisa donde lo investigaban por un delito.
El juez federal Román Lanzón, a cargo de la audiencia, tuvo por formalizada la imputación por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Le replicó a la defensa que no es palmario que no existiera tipicidad ni objetiva ni subjetiva. Dispuso un plazo de seis meses para concluir la investigación, con vencimiento el 16 de junio de 2026. Tras citar que se trata de un caso de “gravedad institucional” ordenó remitir acta de audiencia y video al Consejo de la Magistratura.