El juicio contra Bolsonaro entra en su etapa definitiva. Desde este martes y hasta el 14 de septiembre se dará lugar a la defensa de los acusados para que expongan en un contexto en el que todo indica que habrá fuertes condenas que pueden llegar hasta los 40 años.
El relator de la causa y juez de la Corte Suprema de Justicia, Alexander de Morales, abrió el proceso y habló de conspiración golpista con una dura declaración en donde citó “presiones internas o externas” e intentos de coaccionar al tribunal durante el proceso contra el ex presidente y otros acusados.
Moraes afirmó que “la paz es el anhelo de todos” pero enfatizó que “este objetivo depende de la aplicación de la ley y no se puede lograr mediante la cobardía ni la impunidad”. También anticipó que “el punto central del juicio, mencionando que hubo un intento de golpe de Estado”.
“La pacificación del país depende del respeto a la Constitución, la aplicación de las leyes y el fortalecimiento de las instituciones. No se puede confundir una pacificación sana y necesaria con la cobardía del apaciguamiento, que implica impunidad e irrespeto a la Constitución Federal. Además, significa alentar nuevos intentos de golpe de Estado”, afirmó el magistrado que está en el ojo de las críticas del bolsonarismo.
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Moraes afirmó que el tribunal juzgará el caso sin injerencias e ignorará los intentos de obstrucción. “Esta es la función del Supremo Tribunal Federal: juzgar con imparcialidad y aplicar justicia a cada caso específico, independientemente de las amenazas o la coerción, ignorando las presiones internas o externas”, declaró.
Esto está relacionado con la investigación ordenada contra el diputado Eduardo Bolsonaro y otros actores fueron imputados por intento de coerción y obstrucción a la justicia. El relator también aludió a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump contra Brasil y habló de “someter las operaciones del tribunal al escrutinio de otro estado extranjero”. “Nunca faltará el coraje para repudiar a los enemigos de la soberanía nacional o la independencia judicial”, advirtió.
“Lamentablemente, durante el curso de esta acción criminal, se descubrió la existencia de una conducta deliberada y dolosa por parte de una auténtica organización criminal. De una manera nunca antes vista en nuestro país, comenzó a actuar con cobardía y traición con el objetivo de intentar coaccionar al Poder Judicial, y en especial a este Tribunal Supremo Federal, y someter las operaciones del tribunal al escrutinio de otro estado extranjero”, remarcó.
De Moraes habló casi dos horas y afirmó que “un país y el Tribunal Supremo solo pueden lamentar que se haya intentado otro golpe de Estado, con la intención de instaurar un estado de excepción y una verdadera dictadura. Las instituciones han demostrado su fortaleza y resiliencia a pesar de la radical polarización política. Todos debemos rechazar con todas nuestras fuerzas y compromiso cualquier intento de socavar la institucionalidad”.
“La soberanía nacional no puede, no debe y nunca será vilipendiada, negociada ni extorsionada, ya que es un fundamento constitucional. La valentía institucional y la defensa de la soberanía nacional forman parte del espíritu republicano de los miembros de este Tribunal Supremo, que no aceptará coacción ni obstrucción en el ejercicio de su misión constitucional, soberanamente conferida por el pueblo brasileño a través de su Asamblea Nacional Constituyente”, afirmó.
A partir de entonces, Moraes comenzó a leer el informe del caso, que resume y describe la información principal del caso, incluyendo los argumentos de las partes, las pruebas presentadas, los hechos relevantes y el avance del mismo, como una forma de contextualizar el caso y brindar transparencia. En este momento, es inusual que el juez emita su postura sobre los delitos en revisión. Moraes solo emitirá su voto después de escuchar a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la defensa de los ocho acusados.
Como adelantó LPO, en el bolsonarismo dan por hecha la condena aunque hay esperanzas que sea más leve de los 40 años que podrían sentenciarle. La narrativa en este comienzo del juzgamiento es de derrota y los principales dirigentes de su espacio se dedicaron toda la mañana a enviar mensajes de aliento a Bolsonaro y su familia.
La denuncia de la Fiscalía General de la República contra los acusados fue presentada el 18 de febrero, basándose en la investigación de la Policía Federal sobre los violentos atentados contra la sede de los Tres Poderes del Estado en Brasilia, el día 8 de enero de 2023, y sobre los sucesos anteriores.
La acción penal involucra a 34 personas en total, incluyendo comandantes de las fuerzas de seguridad que colaboraron en la ejecución de los atentados. Jair Bolsonaro es acusado de liderar una organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, Golpe de Estado, daño calificado por la violencia y grave amenaza contra el patrimonio federal y deterioro del patrimonio histórico.
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Los principales documentos que sustentan la denuncia del Fiscal General contra Bolsonaro y sus asociados son el video de una reunión oficial en la que Bolsonaro ordena ataques del gobierno al Tribunal Electoral, un ministro relata sobre el espionaje ilegal de candidatos y otro propone dar un golpe antes de las elecciones, documentos para orientar los bloqueos policiales el día de la segunda vuelta electoral, en regiones con alta concentración de electores de Lula, archivos digitales y notas personales sobre una campaña de descrédito del proceso electoral dentro y fuera del país, informes falsos sobre el escrutinio de votos en las elecciones de 2018 y 2022, actos preparatorios de decretos para anular el resultado de las elecciones para instalar una junta militar de gobierno, cerrar el Congreso Nacional y arrestar a líderes políticos y magistrados del Supremo Tribunal Federal y archivos digitales de los planes terroristas “Copa 2022” y “Puñal Verde y Amarillo” para asesinar al presidente Lula, al vicepresidente Alckmin y De Moraes.
De acuerdo con la ley brasileña, el expresidente y sus principales colaboradores se enfrentan a penas que pueden llegar a los 43 años de prisión.