La no aplicación en Córdoba del límite jubilatorio de los 75 años para los integrantes del Tribunal Superior de Justicia deja a Martín Llaryora sin margen de maniobra para ampliar su incidencia en ese organismo de siete vocales, donde el gobernador sentó a su ex funcionaria Jessica Vallentini.
La única silla que asoman en el horizonte es la de Luis Rubio, de 83 años, quien avisó que recién se irá en marzo de 2028, cuando el próximo gobernador esté en funciones (o Llaryora haya sido reelecto). El resto de las cinco poltronas tienen dueño asegurado, por lo que su posición es minoritaria en ese tablero.
Ante esto, Llaryora recurrió a una estrategia que le está trayendo problemas: crear más organismos judiciales y sentar en ellos a abogados amigos, de su máxima confianza, una forma de contrarrestar el peso de los otros esquemas que conviven en el Poder Judicial conducido por una mayoría de funcionarios peronistas.
Ahora, el último intento es la Procuración Penitenciaria, una mega estructura para “supervisar” el sistema carcelario. El organismo tendrá un procurador general que podrá durar en su cargo hasta 10 años y hasta cuatro procuradores adjuntos vitalicios, todos con salarios tope de gama, atados al Tribunal Superior de Justicia. Todos los funcionarios serán elegidos por el gobernador.
El resultado de cualquier análisis respecto de la situación carcelaria en Córdoba arrojará la necesidad de la construcción de (al menos) una nueva cárcel. Se trata de una obra pública no resistida en el clima de época libertario.
En medio de rumores respecto de quién podría ser el titular del nuevo organismo judicial sonó Néstor Gómez, un abogado híper llaryorista que ocupó la Asesoría Letrada de la Municipalidad de San Francisco y una dirección en la Lotería de Córdoba en el inicio de la actual la gestión; y desde allí fue designado defensor General adjunto en el flamante Ministerio Público de la Defensa, otra mega estructura creada por Llaryora en septiembre de 2023.
Al frente del Ministerio Público de la Defensa quedó Pablo Bustos Fierro, que se venía desempeñando como fiscal General adjunto. Con esa jugada, Llaryora liberó una silla en el Ministerio Público de la Defensa y sentó en su reemplazo a Alejandro Pérez Moreno, un reconocido abogado penalista de confianza del llaryorismo y que tiene como hito el haber representado a Soledad Laciar, la mamá de Blas Correas, el adolescente asesinado por policías
Llaryora impulsa al ex socio de Juez como procurador y apura la salida del fiscal General en 2020.
Ahora, Llaryora promueve a Carlos Lezcano como fiscal General, es decir como jefe de Pérez Moreno. Lezcano fue el juez de Control de la investigación por el asesinato de Blas, y el por entonces abogado querellante se cansó de cuestionar al “abogado que hace de juez”, a quien trataba de vago: “copia y pega lo que escriben los fiscales”, decía Pérez Moreno por entonces de quien será su jefe en poco tiempo.
Con Pérez Moreno y Lezcano, Llaryora empareja el poder interno en la cúpula del Ministerio Público Fiscal, donde el schiarettismo tiene mayor peso. Además, al impulsar de manera anticipada a Lezcano, Llaryora envió un mensaje claro: quiere que Juan Manuel Delgado, vinculado al círculo rojo y a Juan Schiaretti, quien lo promovió de procurador del Tesoro a fiscal General, deje su cargo antes de lo previsto.