La nueva Constitución de Santa Fe permitirá que el gobernador pueda indultar delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos. El dictamen de la mayoría en relación a las atribuciones y deberes del Poder Ejecutivo elimina esa limitación vigente que impide indultar o conmutar penas a agentes estatales en ejercicio de sus funciones.
Ese planteo quedó expuesto en el debate de los convencionales que reforman la Constitución que ya se encuentra en fase de redacción tras los debates sobre su contenido. Lo que indican es que el dictamen mayoritario no deja el texto en vigencia, sino que lo modifica. Es el artículo 72 que en su inciso 18 indica que el gobernador “Puede indultar o conmutar penas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial, previo informe de la Corte Suprema de Justicia, excepto delitos contra la administración pública”.
Desde sectores académicos y judiciales leyeron de una manera unívoca esta modificación. Entienden que es para que se faculte al gobernador, eventualmente, a indultar a personal de fuerzas de seguridad, en especial para casos de exceso o abuso en el ejercicio de la violencia legítima.
Esto no es una especulación sino que se desprende de una posición que el gobernador Maximiliano Pullaro, que es convencional constituyente, ha manifestado reiteradamente en el pasado. El dirigente radical adelantó al asumir que consideraba indultar a un policía condenado por homicidio, Luciano Nocelli, ya que consideraba una desmesura la sentencia que le habían impuesto en doble instancia judicial.
Pullaro se asegura facultades clave en el Poder Judicial de la nueva constitución santafesina
No habría podido hacerlo con la Constitución actualmente vigente ya que esta impide indultar o conmutar penas por los delitos de agentes estatales en funciones. Ahora este obstáculo legal se remueve.
Eso generó las preguntas. “La Constitución vigente tenía una limitante muy clara. ¿Por qué la sacan?”. El constitucionalista Oscar Blando, ex diputado santafesino que compartió elenco de gobierno con Pullaro durante la gestión del socialista Miguel Lifschitz, lo dijo públicamente en redes sociales. “¿Por qué se ha quitado la sabia limitación que tiene la Constitución vigente, que impide al Gobernador que pueda indultar o conmutar penas cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos en ejercicio de sus funciones?
Reforma constitucional: por qué se ha quitado la sabia limitación que tiene la Constitución vigente, que impide al Gobernador que pueda indultar o conmutar penas cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos en ejercicio de sus funciones?
— Oscar Blando (@oscarblando1) August 25, 2025
¿Qué significa que no se pueden conmutar ni indultar delitos contra la administración pública? Básicamente que el gobernador no puede otorgar dispensas por un hecho de corrupción, o por una dádiva, pero sí a alguien condenado por quitarle la vida de modo doloso a alguien, sin importar que sea un empleado o funcionario del Estado santafesino.
“Un funcionario que comete un delito de corrupción, que se roba un busto, o es captado en un cohecho, no es indultable. Pero si en sus funciones saca la nueve milímetros y le pega a alguien dos tiros en la cabeza sí”, dijo un juez que evitó dar su nombre.
La posibilidad de perdonar condenas en casos casos de violencia institucional podrían quedar bajo la discrecionalidad del gobernador. “Es una gracia medieval, de príncipe, que no tiene nada que ver con una República”, indicó el juez consultado por LPO. Que coincide con lo que dijo en la Convención el abogado constitucionalista Diego Giuliano de la bancada del peronismo.
Este cambio es propiciado por la bancada de Unidos, coalición que es primera minoría, más la bancada del Frente de la Esperanza y la de Somos Vida, que lidera Amalia Granata. Es el dictamen de mayoría. El socialismo dentro de Unidos en su proyecto partidario inicial directamente eliminaba la facultad de indultar y conmutar. Pero admitieron el planteo impulsado por los radicales en las negociaciones de la coalición.
Convencionales como Lucas Incicco (PRO) y Lucila de Ponti (PJ) fueron críticos en el debate de este cambio. Y dijeron que esta atribución nueva debe armonizarse con una cláusula de defensa del orden constitucional, los derechos humanos y la memoria verdad y justicia como política de Estado. Esta cláusula apunta a garantizar “el respeto al principio republicano de división de poderes y preservación del Estado de Derecho como pilares fundamentales del sistema democrático.
Granata respaldó la jugada de Pullaro
En el debate dentro de Unidos se planteó que la Corte Suprema podría rechazar un eventual indulto en un caso de violencia institucional. Y que el Código Penal tiene limitantes. “Los delitos contra la administración pública en Santa Fe, si bien no hay una lista exhaustiva en los resultados, incluyen abuso de autoridad, cohecho, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, prevaricato, exacciones ilegales, y negociaciones incompatibles, además de figuras como el atentado a la autoridad y el encubrimiento, tipificadas tanto por leyes provinciales como por el Código Penal Argentino”, indicaron.
Esto es rechazado de plano por constitucionalistas. “Cuando en un acto de homicidio doloso, excesivo, una persona con uniforme mata a un civil en funciones, la víctima es un particular, no el Estado. No se puede entender cómo se podría tomar un acto así una variante de delito contra la administración pública”, indicaron. La pregunta esencial es por qué eliminan lo que estaba vigente que no deja ninguna duda de que ningún funcionario pueden ser indultado por nada.
En su discurso inaugural como gobernador ante la Legislatura, Pullaro le planteó a la policía de Santa Fe que en un contexto de inseguridad feroz le daría un respaldo manifiesto que no se quedaría en palabras. Dijo que un uniformado tenía un arma en la cintura para usarla y que impulsaría el juicio por jurados para que ciudadanos comunes definieran el destino de efectivos juzgados. Y puso como ejemplo de injusticia el caso de un policía condenado a 25 años de prisión por matar en Rosario a dos asaltantes en un robo.
Poco después ordenó impulsar la revisión del caso aludido en su discurso inicial, el de Luciano Nocelli, policía del Comando Radioeléctrico de Rosario, que les disparó a Jimena Gramajo y Maximiliano Rosasco tras un intento de robo a una mujer a metros de un parque. Las defensas señalaron que Nocelli intervino en el transcurso de un delito en el que incluso uno de los delincuentes atacó a balazos a otro policía. La fiscalía sostuvo que la acción de Nocelli fue a quemarropa y cuando los asaltantes ya estaban neutralizados.
Los tres jueces actuantes le impusieron por unanimidad 25 años de prisión a Nocelli y el fallo fue confirmado por tres camaristas también sin fisuras. Pero tras el planteo de Pullaro la Corte Suprema anuló la sentencia y ordenó revisar el caso, lo que hace ahora otra sala de Cámara.
Entretanto colaboradores del gobernador anunciaron que Pullaro analizaba dar un indulto a policías condenados, entre otros a Nocelli.
Desde el campo judicial y universitario indican que el radicalismo impulsó levantar de la Constitución el impedimento a indultar o conmutar a penas a funcionarios y empleados públicos teniendo como objetivo casos como estos. Y que más por la voluntad de hacerlo alteran esas cláusulas para dejar en clara su posición política anunciada respecto de estos casos.