
La acusación apunta directamente al Ejecutivo local por “robo de identidad” y “administración fraudulenta”. Aseguran que falsificaron la firma de un vecino de 22 años para cobrar contratos millonarios por servicios que nadie sabe si se prestaron.

La acusación apunta directamente al Ejecutivo local por “robo de identidad” y “administración fraudulenta”. Aseguran que falsificaron la firma de un vecino de 22 años para cobrar contratos millonarios por servicios que nadie sabe si se prestaron.